| 10/06/2014 |
| EL SECTOR DEL CONSUMO RECHAZA LA PROPUESTA DEL FMI Y BRUSELAS DE SUBIR EL IVA Y APOYA LA DECISIóN DEL GOBIERNO |
| Cooperativas Agro-alimentarias |
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La recomendación del FMI y la Comisión de subir el IVA no tiene en cuenta el impacto negativo que esta medida podrÃa tener en los consumidores y empresas, que ya han realizado un importante esfuerzo de ajuste en los últimos años, ni las caracterÃsticas socioeconómicas del paÃs, que no se asemejan a las del resto de Europa. Como solución para incrementar los ingresos del Estado es urgente garantizar una mayor transparencia en el sistema y un endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal que representa entre el 18,6% y el 22,8% del PIB.
La manifestada intención del Gobierno de no subir el IVA ni reclasificar los productos con un impuesto reducido pasándolos a gravar de un 10 a un 21% ha tenido una positiva acogida entre las organizaciones empresariales de la alimentación, el gran consumo y la hostelerÃa, que valoran muy positivamente la sensibilidad de la Administración en este ámbito. Sin embargo, continúa siendo necesario instar a organismos internacionales como la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros, a que tengan en consideración los esfuerzos y ajustes que la sociedad española ya ha asumido, asà como la realidad económica del paÃs y del empresariado para evitar una posible reforma fiscal que ponga en riesgo la competitividad y estabilidad del sector y por ende el conjunto de la economÃa nacional.
Todas las organizaciones empresariales de la cadena agroalimentaria, comercio, distribución y hostelerÃa (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, PROMARCA, AECOC, ANGED, ACES, ASEDAS, CEC, FEHR y FEHRCAREM), que juntas representan más del 20% del PIB nacional, consideran que aunque las muestras de recuperación económica siguen siendo tÃmidas, las organizaciones internacionales no son conscientes de las reformas que se han llevado a cabo en nuestro paÃs ni tienen en cuenta que las caracterÃsticas socioeconómicas de España no se asemejan a las del resto de los paÃses vecinos europeos, lo que impide asumir nuevas medidas impositivas.
De hecho, teniendo en cuenta las consecuencias provocadas por subidas del IVA en los años 2010 y 2012 se observa que la caÃda media del consumo en tasa interanual en los seis meses siguientes fue de un -6,7%, lo que supone un claro impacto en la lÃnea de flotación de la economÃa española, y pone en peligro la recuperación económica y el empleo.
Respecto a la reforma fiscal, todas las organizaciones en su conjunto ya han advertido en reiteradas ocasiones de que una reforma que se articule en base a incrementos fiscalidad indirecta tendrÃa un efecto devastador no sólo en los sectores representados, sino en la recuperación económica general, ya que un parón en el consumo podrÃa arrastrar en cadena al resto de variables macroeconómicas. De hecho, una reclasificación del IVA del 10 al 21% podrÃa reducir un 9,3% la renta disponible de los hogares, lo que equivale a una pérdida de 60.000 millones de euros.
Las organizaciones empresariales insisten en que los productos gravados al 10% suponen más del 64% del total del gasto, y entre ellos se incluyen productos básicos de cesta de la compra. De aplicarse el cambio de un IVA reducido al 21%, el consumidor podrÃa enfrentarse a un gasto anual adicional estimado entre los 600 y 800 euros, un aumento que pondrÃa en peligro la estabilidad del binomio consumo-turismo que tan importante es para el conjunto de la economÃa española. En este sentido, desde el sector consideran urgente impulsar una reforma global del sistema tributario, puesto que se trata de una medida realmente necesaria y evitarÃa la reclasificación que no sólo no estimularÃa el consumo, sino que lo coartarÃa de forma clara.
Asimismo, otra de las medidas que el colectivo considera urgente es garantizar una mayor transparencia en el sistema y un endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal que, según distintos estudios comparativos, representa entre el 18,6% y el 22,8% del PIB, una cifra superior a la de la mayorÃa de paÃses de nuestro entorno. Teniendo en cuenta que el coste fiscal de esta economÃa sumergida ronda los 72.000 millones de euros y casi el 7% del PIB –precisamente la misma cantidad de nuestro déficit actual- el refuerzo de la lucha contra el fraude podrÃa tener un efecto recaudatorio mucho mayor que cualquier subida de impuestos, y vendrÃa acompañado, además, de una mayor credibilidad y justicia social.
Si bien no es realista pretender hacer desaparecer este fraude al cien por cien, el sector consumo opina que sólo reduciéndolo a la mitad para ponerlo al nivel de paÃses de nuestro entorno en términos de PIB, se lograrÃa una reducción inmediata de más de 3 puntos del déficit actual. En opinión de las empresas a las que representamos, con este tipo de medidas lograremos recuperar la senda del crecimiento.
Los sectores de la producción e industria agroalimentaria, que juntos generan una facturación global de 370.000 millones de euros y más de 5 millones de puestos de trabajo, están convencidos de que para poder convertirnos en los lÃderes de la recuperación económica hay que basarse en dos palancas fundamentales: mejorar la competitividad y reducir el déficit público, algo que sólo puede ser una realidad mediante el impulso de una serie de reformas estructurales alejadas de la idea de un incremento impositivo.
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